martes, 2 de julio de 2013

Dimiten dos altos cargos del banco del Vaticano

 

La renuncia del director y el subdirector de la entidad bancaria sigue al arresto de un prelado

 

El papa Francisco. / A. PIZZOLI (AFP)
 
El papa Francisco parece dispuesto a terminar de una vez y por la vía de urgencia con los escándalos del banco del Vaticano. Solo unas horas después de la detención de monseñor Nunzio Scarano, el alto prelado que junto a un exagente de los servicios secretos italianos y a un bróker intentó fletar un jet desde Suiza con 20 millones de euros, Jorge Mario Bergoglio ha decidido descabezar el banco del Vaticano para, de facto, ponerlo bajo sus órdenes. La Santa Sede ha anunciado la dimisión del director general del Instituto para las Obras de Religión (IOR), Paolo Cipriani, y del vicedirector, Massimo Tulli. Según una comunicación oficial del Vaticano, “tras muchos años de servicio, los dos han tomado esa decisión en el mejor interés del instituto y de la Santa Sede”.
“El Consejo Superior”, añadía la nota, “y la Comisión de Cardenales han aceptado las dimisiones y han pedido al presidente del IOR, Ernst von Freyberg, que asuma de manera interina las funciones de director general con efecto inmediato”. El comunicado también precisa que tanto la Autoridad de Información Financiera (AIF) –el organismo creado en 2010 para vigilar la transparencia financiera de la Santa Sede—como la comisión de investigación creada por el Papa el pasado miércoles ya habían sido informadas. El alemán Von Freyberg –nombrado por Benedicto XVI en sustitución del anterior presidente, Ettore Gotti Tedeschi, unas horas antes de dejar de ser Papa—estará ayudado por Rolando Marranci, que asumirá provisionalmente la vicedirección, y Antonio Montaresi como responsable de proyectos especiales. Ambos tienen experiencia en bancos de Estados Unidos e Inglaterra.
Se cierra así, según fuentes de la Santa Sede, unas horas especialmente duras en el Vaticano en general y en el IOR en particular. Sobre todo al comprobar que, tras la detención por parte de la Guardia de Finanzas (la policía fiscal italiana) de un alto miembro de la Curia, el Vaticano no solo no intentaba rescatarlo sino que, de forma explícita, se ponía a disposición de las autoridades italianas. Esa declaración del portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, suponía de hecho un cambio de época. Los corruptos con sotana no solo irían al infierno, sino también a la cárcel. Porque, además, la historia de la detención de Scarana no es la de la típica manzana podrida que, una vez apartada, deja de contaminar a las demás. De la investigación de las fiscalías de Roma y de Salerno se desprende que Monseñor 500 –así llamaban a monseñor Scarano por su disponibilidad de billetes púrpuras—manejaba gran cantidad de dinero, de inmuebles, de acciones y de títulos gracias en gran medida a la opacidad mítica del IOR, un banco que, tras los muros del Vaticano, sigue ofreciendo a sus clientes la misma confidencialidad que el más oscuro de los paraísos fiscales. Y solo con cruzar el Tíber.
Los escándalos del banco del Vaticano centraron buena parte de las congregaciones generales, las reuniones que celebran los cardenales antes del cónclave. Durante aquellos días que siguieron a la renuncia de Benedicto XVI –marcada por el robo de su documentación secreta y las peleas de poder entre distintas facciones de la Curia—los cardenales estadounidenses y el propio Bergoglio protagonizaron intervenciones muy claras a favor de limpiar la Iglesia. Y el IOR, estaba claro, era de los lugares donde con más urgencia había que meter la escoba, el pozo oscuro que en las últimas décadas había venido emponzoñando la labor de la Iglesia. Pero, entre los riesgos de emprender una operación tan arriesgada y la proverbial lentitud eclesiástica, nadie pensó que aquellos buenos propósitos se pusieran en marcha tan pronto.
Pero entre el discurso recurrente del papa Francisco –“deseo una Iglesia pobre y para los pobres que salga de los palacios y vaya a las periferias”—y las continuas sospechas de corrupción lograron el milagro. Un terremoto en el IOR. Ya el miércoles de la semana pasada, Francisco lanzó un mensaje muy claro al nombrar una comisión de investigación sobre el banco del Vaticano. La orden del Papa era tajante. No solo reformar el IOR para que “los principios del Evangelio impregnen también las actividades de carácter económico y financiero”. Pero no menos tajante era la composición de sus investigadores. Bajo la dirección del cardenal salesiano Raffaele Farina trabajarían un cardenal francés, Jean-Louis Touran, una mujer laica, la profesora estadounidense, Mary Ann Glendon, el arzobispo español Juan Ignacio Arrieta y el teólogo estadounidense Peter Bryan Wells. La consigna, mano dura. Hechos, en vez de palabras. El Papa que vino del fin del mundo no parece dispuesto a que le tomen el pelo.

EE UU espió también a 38 embajadas de aliados y enemigos

 

Japón, México, Corea del Sur, India y Turquía se unen a Alemania, la UE o la ONU

 

Protesta en Alemania contra el espionaje. / Peter Steffen (AP)
 
Nuevas revelaciones del diario The Guardian sobre el espionaje de Estados Unidos indican que al menos 38 embajadas o misiones extranjeras en ese país fueron sometidas a espionaje. El diario se basa en documentos de 2007 y 2010 que le hizo llegar Edward Snowden. Entre las misiones espiadas están las oficinas de la Comisión Europea en Washington y de la representación de la UE en Naciones Unidas y las embajadas de aliados tradicionales como Francia, Italia, Grecia, México, Japón, India, Corea del Sur y Turquía.
Estas revelaciones vienen a confirmar las informaciones publicadas este fin de semana por la revista alemana Der Spiegel sobre las actividades del espionaje estadounidense sobre sus aliados europeos - en particular Alemania - y la sede del consejo de ministros de la Unión Europea, que han provocado una agria reacción en Berlín, París y Bruselas.

 

Según The Guardian, en los documentos a los que ha tenido acceso no se cita a más países de la UE que los mencionados Francia, Italia y Grecia. El diario detalla en particular la manera en que los servicios secretos estadounidenses han realizado sus tareas de control sobre las oficinas europeas en Washington y en Nueva York. Uno de los sistemas, conocido con el nombre de Dropmire, consistió en el implante de un artilugio en la máquina para enviar faxes cifrados en los locales de la representación europea en Washington.
Un documento de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) fechado en 2010 precisa que ese fax se utiliza para enviar cables a los ministerios europeos de Asuntos Exteriores en las diferentes capitales europeas. Y sugiere que el objetivo perseguido al interceptar esas comunicaciones es tener información sobre desacuerdos en cuestiones globales y de otro tipo entre los socios de la Unión Europea.
Otros sistemas utilizados es el pinchado de cables o el recurso a poderosas antenas para interceptar las comunicaciones a distancia. El diario londinense subraya que está claro si estas actividades de espionaje han sido realizadas exclusivamente por la NSA o algunas han sido ejecutadas por la CIA o por el FBI o mediante acciones combinadas entre estas agencias.

Hollande exige a EE UU que deje de espiar mientras Bruselas rebaja el tono

 

Los partidos ecologistas en Francia y Alemania piden a sus Gobiernos que concedan asilo a Snowden

 

 
Francia y Alemania han reaccionado con indignación al espionaje de Estados Unidos a distintas embajadas europeas y edificios de la UE, una actitud que no se ha visto respaldada por la Comisión Europea, que ha intentado rebajar el tono en este conflicto. El presidente francés, François Hollande, condicionó este lunes cualquier negociación con Estados Unidos a que Washington ofrezca garantías del cese inmediato del espionaje a sus socios europeos. Hollande exigió que Estados Unidos deje de espiar a sus socios europeos -entre ellos a Francia-, y pidió al Gobierno de Barack Obama garantías del cese de esas actividades, que calificó de "inaceptables" durante un desplazamiento a Lorient (noroeste del país), donde inauguró un hospital.
En referencia a las consecuencias de las revelaciones sobre las prácticas de vigilancia a los europeos por Washington, Hollande subrayó que "no puede haber negociaciones o transacciones sobre cualquier tema antes de que hayamos obtenido esas garantías. Eso vale para Francia pero también para toda la Unión Europea", remachó, aludiendo a las negociaciones del acuerdo de libre comercio que Bruselas y Washington deben emprender el próximo 8 de julio.
El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, habló por teléfono con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, después de haber pedido explicaciones públicas a Washington.
Francia, Italia y Grecia figuran entre los 38 objetivos privilegiados por el servicio de espionaje estadounidense en los últimos años, según publicó The Guardian el domingo. En concreto, el diario británico explicó que EE UU tenía controladas en 2010 las comunicaciones de la embajada francesa en Washington y de la representación de la quinta potencia mundial ante la ONU en Nueva York.
Aunque la oposición conservadora mostró su lado más cínico y expresó su estupor por la indignación de los socialistas ante las revelaciones señalando que el espionaje a los aliados existe desde hace mucho tiempo, los partidos progresistas elevaron su voz y reclamaron medidas contundentes. Los Verdes se sumaron al Partido de Izquierda y pideron a Hollande que conceda asilo político a Edward Snowden, autor de las revelaciones sobre el programa estadounidense de vigilancia electrónica.
Según la formación ecologista, a la que pertenecen los ministros Cécile Duflot y Pascal Canfin, Francia tiene la obligación de defender a “un defensor de la libertad” que ha revelado al mundo un sistema de espionaje “ilícito”. Los Verdes dijeron que conceder el asilo político a Snowden “recordaría que Francia quiere proteger a los lanzadores de alertas que salvaguardan la democracia” y que París “rechaza claramente el diktat estadounidense sobre la protección de datos y las violaciones manifiestas de las libertades públicas fundamentales en nombre de su lucha contra el riesgo terrorista”.
Frente al ardor de Francia y otros Estados miembros, la Comisión Europa ha decidido reaccionar con guante de seda a las noticias de que sus propios edificios han sido espiados. El Ejecutivo comunitario ha puesto al frente del caso a la alta representante de la UE para la política exterior, Catherine Ashton, entrenada en las maneras diplomáticas. El colegio de comisarios tiene previsto analizar esta semana el espionaje en una reunión monográfica.
A pesar de que el propio secretario de Estado estadounidense, John Kerry, ha aceptado implícitamente que su Gobierno ha realizado estas prácticas, Bruselas prefiere de momento “comprobar la veracidad de esas informaciones”, según explicaron los portavoces comunitarios. Ashton ha hablado ya con Kerry al respecto y ha pedido explicaciones. Así que el Ejecutivo de la UE está ahora a la espera de “claridad y transparencia” por parte de Estados Unidos. La única medida que ha adoptado la Comisión por el momento ha sido ordenar un barrido de seguridad en los edificios comunitarios para detectar posibles focos de vigilancia.
Esas maneras tibias se alejan de la enérgica reacción que adoptó el domingo la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding, que amenazó con bloquear el gran acuerdo comercial que la UE negocia con Washington. Los portavoces eludieron este lunes referirse al asunto con el argumento de que están a la espera de explicaciones. Nadie aclara, de momento, si el encuentro del lunes entre las dos partes se mantendrá.
Las autoridades estadounidenses no parecen muy amedrentadas por la indignación europea ante los distintos casos de espionaje. Fuentes comunitarias aseguran que el departamento del fiscal general, Eric Holder, aún no ha respondido a la carta que le hizo llegar Reding exigiendo explicaciones por el programa de vigilancia masiva orquestado por el Gobierno de Obama. Reding ha enviado una nueva carta de recordatorio a la secretaria de Estado de Seguridad, Janet Napolitano.

El ultimátum del Ejército

 

Morsi dice que está "avanzando en su camino planeado hacia la reconciliación nacional"

Cinco de sus ministros han dimitido por la crisis política

 

REUTERS LIVE!
 
El Gobierno de Mohamed Morsi rechazó este martes el ultimátum de 48 horas que le dio el ejército ayer para que atienda las demandas de los manifestantes que han tomado las calles en los pasados días. De madrugada, la presidencia emitió un comunicado en el que dijo que aplicará sus propias medidas para la reconciliación nacional, para lo que está “consultando con todas las fuerzas nacionales para asegurar el camino al cambio democrático y la protección de la voluntad popular”. “Egipto no permitirá de ningún modo un paso atrás, sean cuales sean las circunstancias”, añadió.
Horas antes el comandante en jefe del ejército, general Abdel Fatah al Sisi, instó a Morsi a escuchar a las calles. “Si no atiende las demandas de la ciudadanía, el ejército, que está obligado a actuar de acuerdo con su papel y deber, deberá revelar sus propios planes”, dijo en un comunicado leído en la televisión nacional. “Esas medidas deben incluir debates con todos los poderes políticos, específicamente los jóvenes, que fueron y siguen siendo la chispa de la revolución. Ningún partido debe ser excluido o marginado”, añadió.
El presidente norteamericano, Barack Obama, telefoneó a Morsi este martes para expresarle su preocupación por la intensificación de la violencia en esta crisis política, según la Casa Blanca. Le dijo además, que Washington apoya “el proceso democrático en Egipto y no a ningún partido o grupo en particular”. Obama llamó a El Cairo desde Tanzania, donde se encuentra de viaje oficial. Su embajadora en Egipto, Anne Patterson, provocó recientemente la ira de los opositores al decir en público que no cree que las protestas sean beneficiosas para la estabilidad de la economía egipcia.
La sociedad de los Hermanos Musulmanes, en la que militó Morsi durante años, acusó al ejército de haber escenificado un golpe de estado. Su sede central en El Cairo fue incendiada y saqueada durante las masivas protestas del domingo, sin que las fuerzas armadas o la policía hicieran nada para evitarlo. Ocho personas murieron en aquel asalto. En total, desde que comenzaran las protestas, el domingo, han fallecido más de 16 personas en diversos puntos del país.
La Alianza Nacional para el Apoyo de la Legitimidad, una agrupación de 11 partidos islamistas creada para defender a Morsi y que engloba también a los Hermanos Musulmanes, dijo en un comunicado que rechaza “de forma categórica y absoluta los intentos de algunos de emplear a este gran ejército para atacar la legitimidad”. Convocó, además, manifestaciones y marchas para “defender la legitimidad y expresar el rechazo ante cualquier golpe de estado”.
Morsi ha quedado cada vez más aislado políticamente, incluso en su propio Gobierno. El lunes por la tarde dimitieron cuatro ministros y este martes la agencia estatal de noticias, Mena, anunció la renuncia de un quinto, el de exteriores, Mohamed Kamel Amr. Esos abandonos en el Gobierno se interpretan como una muestra de apoyo de algunos gobernantes para con los manifestantes y sus demandas.
Este martes a las 17.00 se cumple además el plazo dado por la agrupación opositora Tamarod (en árabe Rebélate) a Morsi. Le pidió al Presidente que dimita o se enfrentará a una campaña nacional de desobediencia civil. Tamarod fue quien organizó las marchas del domingo, las más multitudinarias desde las de los meses de 2011 en los que cayó el régimen de Hosni Mubarak, tras 30 años. Millones de personas salieron a las calles. En la icónica plaza de Tahrir de El Cairo se concentraron 500.000 personas. Tamarod dice haber recogido 22 millones de firmas pidiendo que Morsi dimita, algo que, de ser cierto, representaría a casi un tercio de la población.
Los activistas de Tamarod han pedido que un gobierno de tecnócratas tome las riendas del país y se convoquen elecciones anticipadas. El mandato de Morsi, que ganó legítimamente en las urnas en junio de 2012, acaba en 2016. La sociedad de los Hermanos Musulmanes fue silenciada durante décadas por el régimen de Mubarak, obligada a operar en la clandestinidad, muchos de sus miembros encarcelados. Ahora, que tiene a uno de los suyos en el poder, ve como las multitudes en las calles intentan arrebatarles su oportunidad de gobernar el país.

El espectro de Nasser

 

Solo una solución parece factible: la renuncia del presidente y un Gobierno de unidad nacional

 

 
El 23 de julio de 1952, y en medio de una creciente inestabilidad política, un grupo de militares liderados por Muhammad Naguib y Gamal Abdel Nasser derrocó la exangüe monarquía de Faruk I, último rey de Egipto. El primero era un veterano héroe de guerra que creía que, tras un breve periodo de transición, el Ejército debía retirarse, regatear la tentación política y erigirse en mero garante de la estabilidad nacional. El segundo, joven y ambicioso, desconfiaba de la gestión civil y entendía la algarada como la vía de acceso a un poder. Durante apenas un año, ambos compartieron timón. La baraja se rompió en 1954, año en el que el entonces Consejo del Mando de la Revolución acusó a Naguib de deslizarse hacia la autocracia y asentar sus ambiciones sobre una fuerza en alza: la cofradía de los Hermanos Musulmanes. La revolución se escindió y el resultado del pulso es conocido: Naguib fue obligado a dimitir; Nasser asumió el poder e instauró una dictadura militar que perduró hasta la caída de Mubarak; y los Hermanos Musulmanes fueron reprimidos a sangre y fuego, transformándose después en la única oposición estructurada.
Más de medio siglo después, Egipto atraviesa una coyuntura similar. Depuesto el sátrapa, el país se ha quebrado en dos polos que avanzan hacia el odio. En un extremo del campo de batalla se arraciman los denominados grupos islamistas, un bloque presidido por la rama más pragmática de los Hermanos Musulmanes y en la que se mezclan movimientos salafistas, clérigos wahabíes, grupúsculos yihadistas y secciones más extremistas de la propia cofradía. En la otra trinchera flamea un heterogéneo abanico de fuerzas compuesto por liberales, progresistas y nostálgicos del antiguo régimen, asidos a un fin común: erradicar el creciente poder de la hermandad y los delirios autócratas de su cabeza más visible: Mohamad Morsi.
La sorpresa de una algarada rumiada por el Ejército durante tiempo pero inesperada en la forma en que estalló, sumada a los errores de gestión de una transición improvisada y apresurada y a la inexperiencia del nuevo gobierno, han agudizado la polarización en los últimos meses. Dos son las razones: la primera, el intento por parte de la hermandad de acaparar el poder político y arrinconar tanto a jueces como a militares. La decisión del presidente de nombrar gobernadores civiles en las principales regiones –un cargo tradicionalmente ejercido por generales en la reserva- ha colmado el vaso de una cúpula militar que ya se vio obligada a usar su poder de intimidación el pasado otoño para frenar una constitución que perseguía recortar sus atribuciones. En este último año, Morsi no solo ha atacado su papel de garante; también ha intentado desplazar de las calles a policías y militares, sustituidos por una milicia que recuerda a la Guardia Revolucionaria iraní, y de apropiarse de sus fuentes de financiación.
La segunda, el fracaso de un liderazgo que se hizo con el poder con un programa que prometía conciliación nacional y eficacia económica, y que en apenas un año lo único que ha logrado ha sido más desempleo, inseguridad, pobreza y tensión sectaria. Que acumula enemigos en todos los frentes, entre los “progresistas” por su deriva hacia el islamismo, y entre los islamistas porque esta deriva les parece insuficiente.
Ambas razones, unidas al fortalecimiento de la oposición –cada vez mejor organizada- y al temor de que el país se hunda en la violencia, han sido las que han llevado a la cúpula militar a lanzar su última advertencia. Asumida la legalidad de la presidencia de Morsi, solo una solución parece factible: que el presidente renuncie, como le exige el pueblo, y se forme un gobierno de unidad nacional, liderado por una figura política de consenso que reconduzca la transición y establezca un nuevo proceso democrático. “Morsi y la hermandad deben recordar la historia”, advertía días atrás el escritor Sonallah Ibrahim, encarcelado en los años cincuenta. Sentado en un hotel de Madrid, insistía en que el presidente debía abandonar y recordaba que en Egipto “la verdadera revolución aún está por comenzar”.
Javier Martín es periodista y escritor. Autor del libro “Los Hermanos Musulmanes”.