miércoles, 26 de junio de 2013

Rusia planta cara a EE UU por Snowden

El Kremlin reconoce que el exinformático de la NSA se refugia en la zona de tránsito del aeropuerto de Moscú, pero da a entender que no piensa entregarlo a Washington

 

El presidente ruso, Vladimir Putin, hoy en Finlandia. / K. MANTYLA (ap)
 
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha reconocido que Edward Snowden, el exinformático de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense permanece en la zona de tránsito del aeropuerto moscovita de Sheremétievo desde el domingo, cuando llegó procedente de Hong Kong. “El señor Snowden efectivamente llegó a Moscú. Para nosotros esto fue totalmente inesperado. Llegó como pasajero en tránsito. No necesita visado ni otros documentos, tiene derecho a comprar un pasaje y volar adonde quiera”, dijo Putin desde Finlandia, donde está en visita oficial. Y agregó: “Él no cruzó la frontera, por eso no necesita visado. Cualquier crítica hacia Rusia son desvaríos y tonterías”.
Putin, según la agencia rusa RIA, también declaró que el filtrador “es una persona libre” y que “cuanto más rápido elija su destino final, mejor será para nosotros y para él”. Aseguró, además, que los servicios secretos rusos “nunca han trabajado con el señor Snowden ni lo hacen hoy”. El dirigente ruso dio a entender que difícilmente Washington contará con la colaboración de Moscú en este asunto: “Assange [el fundador de Wikileaks] y Snowden se consideran defensores de los derechos humanos que luchan por la divulgación de la información. Preguntaos: ¿Hay que entregar a esa gente para que sea encarcelada? En cualquier caso, preferiría no ocuparme de este tipo de cosas, porque es lo mismo que trasquilar a un cerdo: mucho chillido y poco pelo”.
EE UU había manifestado su esperanza de que el Kremlin estudiara todas las posibilidades para entregar al filtrador, con el fin de que este pudiera comparecer ante la justicia norteamericana, mientras algunos parlamentarios estadounidenses mostraron su malestar por el hecho de que Moscú hubiera permitido su entrada como pasajero en tránsito. “Solo podemos entregar a ciudadanos extranjeros a aquellos países con los que tenemos los correspondientes tratados de extradición de criminales. (...) Con EE UU no tenemos tal tratado”, insistió Putin.
El secretario de Estado John Kerry, suavizando algo el tono, pidió desde Arabia Saudí que el Kremlin extradite al filtrador. “No queremos confrontaciones, no estamos dando órdenes a nadie, simplemente pedimos una actuación dentro de unos procedimientos que no pueden ser más normales”. Kerry apeló al principio de reciprocidad al recordarle a Moscú que en los últimos dos años extraditó a siete rusos reclamados por Moscú.
Algunas horas antes de las declaraciones de Putin, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, también había rechazado de plano los ataques contra Rusia por el caso Snowden, aunque se había abstenido de aclarar si se encontraba en territorio ruso. “Consideramos absolutamente infundados e inaceptables los intentos de acusar a la parte rusa de violar las leyes de EE UU y participar poco menos que en un complot, lo que, por si fuera poco, va unido a amenazas en contra nuestra”, afirmó el ministro, que debe encontrarse con el secretario de Estado de EE UU, John Kerry, dentro de dos semanas en Brunei, en una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
Lavrov y Putin tienen formalmente razón: la policía rusa no tiene derecho a detener a Snowden puesto que este, aunque se encuentre en Sheremiétevo, técnicamente no está en territorio ruso puesto que no ha abandonado la zona internacional del aeropuerto moscovita.
Snowden, exempleado de la compañía subcontratada por la NSA, está acusado de traición por Estados Unidos, que ha emitido una orden de captura en su contra. El informático, de 30 años, reveló un masivo programa de espionaje de Internet y de llamadas telefónicas de los gobiernos norteamericano y británico. Ahora las autoridades estadounidenses no saben con certeza cuánto material secreto tiene Snowden en su poder. Creen que al menos lleva consigo cuatro ordenadores portátiles y varios discos duros. Todo un botín para los rusos.
Nadie sabe cuáles son los planes de Snowden ni cuándo piensa volar ni a qué país. Todos los intentos que han hecho los numerosos periodistas que están a la caza, no han dado resultado. Como Julian Assange ha dicho que Wikileaks ha pedido asilo político para Snowden en varios países, algunos piensan que este está esperando simplemente que le lleguen todas las respuestas para decidir qué hacer.
En un principio, se especuló con que Snowden iba a viajar primero a Cuba, para ir desde allí a Venezuela o a Ecuador. Finalmente ha sido el Gobierno de Quito quien ha reconocido que el exinformático solicitó asilo en el país andino y que la solicitud se está considerando seriamente. Ecuador es la opción más plausible si se tiene en cuenta que su Gobierno alberga a Assange en su Embajada de Londres desde hace un año. El fundador de Wikileaks se refugió allí después de que Reino Unido autorizara su extradición a Suecia para ser procesado por violación.

Al menos 27 muertos en enfrentamientos en la región china de Xinjiang

Turbas armadas con cuchillos atacan a comisarías y sedes gubernamentales, según la prensa oficial

En la zona reside la minoría musulmana de los uigures

 

 
La violencia ha vuelto a estallar en Xinjiang, región autónoma del oeste de China y hogar de la minoría musulmana uigur. Un total de 27 personas han resultado muertas y tres están heridas como consecuencia de los ataques de bandas armadas con cuchillos a una estación de policía, un edificio gubernamental y el lugar de unas obras, según ha informado este miércoles la agencia oficial Xinhua, que cita a funcionarios del Partido Comunista de China (PCCh).
Los disturbios se han registrado a partir de las seis de la mañana (seis horas menos en la España peninsular) en Lukqun, una población de la prefectura de Turpan, unos 200 kilómetros al sureste de la capital regional, Urumqi. Diecisiete personas han resultado muertas, incluidos nueve policías y guardias de seguridad y ocho civiles, antes de que las fuerzas de seguridad abatieran a tiros a 10 de los asaltantes, según las mismas fuentes.

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Las autoridades no han atribuido la violencia a ningún grupo en particular, pero en el pasado han acusado a uigures de cometer acciones terroristas en la región, donde hace una semana 19 miembros de esta minoría étnica fueron condenados a penas hasta de seis años de cárcel por promover el odio racial y el extremismo religioso en Internet.
Xinjiang, una región dos veces el tamaño de Turquía, tiene unos nueve millones de uigures, muchos de los cuales se quejan de lo que consideran la represión cultural y religiosa por parte del Gobierno. Regularmente se ve golpeada por estallidos de violencia y revueltas, que, según las autoridades son impulsadas por “terroristas”. Dicen que grupos armados de uigures tienen conexiones con militantes islamistas en Pakistán y Asia Central, y llevan a cabo los ataques para establecer un estado independiente llamado Turkestán Oriental.
Expertos internacionales afirman, sin embargo, que Pekín ha dado pocas pruebas de que exista realmente una amenaza terrorista, y que las tensiones son más bien fruto del resentimiento local contra el Gobierno y la presencia de la etnia han, la mayoritaria en China, que controla la vida política y económica de esta región rica en gas y petróleo. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que Pekín exagera la amenaza terrorista para justificar su política de fuerte control en Xinjiang. El Gobierno argumenta que los uigures gozan de amplias libertades y su vida ha mejorado radicalmente gracias a las inversiones públicas.
En 2009 se produjo un brote de odio étnico en Urumqi en el que murieron alrededor de 200 personas, y que condujo al Gobierno a endurecer la vigilancia y, en paralelo, incrementar las inversiones en la zona. Desde entonces, han continuado los ataques esporádicos. En abril pasado, 21 personas fallecieron en un enfrentamiento registrado en la ciudad de Kashgar, cuando un grupo de hombres se enfrentó a la policía después de que unos empleados del Gobierno advirtieran de la presencia de sospechosos y armas en una vivienda. Entre los fallecidos, hubo 15 policías y funcionarios. Seis asaltantes resultaron muertos y ocho fueron capturados vivos. Los uigures eran antes la etnia mayoritaria en Xinjiang. Actualmente suponen alrededor del 46% de la población, debido al flujo de millones de chinos han a la región en las últimas décadas.

Ecuador, del ‘correísmo’ al ‘correazo’

El presidente Rafael Correa, que ha alcanzado notoriedad mundial por su apoyo a Assange y Snowden, afronta su tercer mandato con todos los poderes en la mano

 

Correa, en el Palacio de Gobierno en Quito. / J. Jácome (EFE)
 
El presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado comienza su tercer mandato en pie de beligerancia contra los medios de comunicación a los que ha apostrofado, perseguido, y elevado improbablemente a la categoría de enemigo principal de su Revolución Ciudadana, el intento más sistemático y generosamente financiado de cambiar la faz del país. Para unos, Correa es un modernizador que quiere llevar a Ecuador al Primer Mundo, a favor de una excepcional coyuntura económica basada en la exportación de materias primas, y otros solo ven un caudillo populista, pero con recursos para desarrollar un gran esfuerzo asistencial. Correa, elegido por primera vez en 2005, se benefició del suicidio de las estructuras de poder, partidos y cuerpos intermedios de la sociedad, dejando la escena política como un solar, en la que Alianza País reina hoy imperialmente con 105 de los 134 escaños de la asamblea nacional. Una selección de personalidades ecuatorianas debaten aquí sobre la naturaleza del correísmo y de un posible correazo contra la libertad de expresión, sobre el presente y el futuro del presidente Correa y su idea de Ecuador, el país del medio del mundo.

Correa y el correísmo

El profesor de la Flacso (la gran universidad latinoamericana, con sede en Quito) Felipe Burbano define el correísmo como “la fusión de un liderazgo personalista, con tintes de caudillismo, con un proyecto de fortalecimiento estatal” que implica “regulación y control de la sociedad y el mercado, inversión pública y social, pero desarrollando una autonomía política con respecto a los grupos de poder”. Adrián Bonilla, director general de la citada universidad niega, por añadidura, que exista nada identificable como correísmo, a título de “cuerpo doctrinario”, y que a lo sumo entronca “con la tradición de la izquierda latinoamericana, en torno a una idea de enfrentamiento con los grupos dominantes locales, con su rechazo del neoliberalismo, y con un nacionalismo que aboga por la soberanía patria y la integración regional para contrapesar la proximidad de Estados Unidos”.
¿Pero quién es este aprendiz de atlante que recaba para sí tan titánica brega? El veterano periodista Jaime Mantilla lo ve como “un líder con carisma, duro, tremendamente conflictivo”, que “ha moldeado el correísmo en torno a su figura”. Y Rubén Darío Buitrón, cronista del Expreso de Guayaquil, lo define como “un fenómeno político, que marca un antes y un después en la historia del Ecuador”, así como explica su formidable éxito electoral, porque representa “para una inmensa mayoría de compatriotas los funerales de la partidocracia y el nacimiento de una nueva época”. Rafael Correa Delgado es un guayaquileño que apenas había pateado los corredores del poder en Quito, que estuvo o supo estar en el momento y el lugar adecuados. Y en el vacío de poder creado en 2005 por el derrocamiento del militar Lucio Gutiérrez, a causa de la masiva protesta indianista, llegó a ser brevemente ministro de Economía en el Gobierno provisional de Alfredo Palacio. Ahí se inicia la fulgurante carrera política del que en 2006 sería democráticamente elegido presidente.
Una investigadora universitaria, que prefiere permanecer en el anonimato, sostiene que el correísmo “es un mix de pensamiento político en el que se mezclan, malamente, principios del boy scoutismo, como autoridad y disciplina, con Teología de la Liberación y comunidades cristianas de base, preocupación por los pobres y los indios entre ellos, teoría económica basada en el marxismo, pero dominada por el criterio del eficientismo, con el Estado como rector, proveedor, vigilante, sancionador, y concentrador de la propiedad”. Luis Esteban G. Manrique, historiador peruano redactor jefe de Política Exterior (Madrid) sigue parecida línea cuando afirma que Correa es “básicamente un católico de izquierdas y un reformista radical”. Luis Eduardo Vivanco del diario La Hora de Quito, remata el retrato presidencial caracterizándolo como “una personalidad abrasadora, con una prepotencia que ha desdibujado la imagen de aquel joven de aires reformistas de su primera elección”. Y el politólogo Luis Verdesoto subraya “su gran sentido de la ubicuidad”, puesto que “aunque no fue el causante del desplome del sistema, sí su principal beneficiario, pues fue el primero en percibir la hondura de la crisis y dar paso a una constituyente, que movilizó y cooptó a la sociedad civil”.

Del socialismo al bolivarianismo

Simón Pachano, escritor y profesor universitario en Quito y Salamanca, recuerda que el llamado Socialismo del siglo XXI, expresión acuñada por el desaparecido presidente venezolano, Hugo Chávez, “cayó en el olvido durante los últimos tres años, para renacer en la toma de posesión del 24 de mayo pasado, pero lo hacía cuando, paradójicamente, abandonaba el modelo ecologista y pachamamista” (medio ambiental e indígena), por un modelo económico extractivo basado en la minería. “No creo que haya un giro a la derecha porque Correa siempre ha sido así, pero requería una retórica de izquierda, mientras que ahora profundiza el modelo contrario al que impulsan las izquierdas de Ecuador y toda América Latina”. Adrián Bonilla cifra lo que el oficialismo también llama “socialismo del buen vivir”, como “una búsqueda de las políticas de equidad, igualdad política y lucha contra la exclusión social”. El periodista Mantilla no duda de que el “Gobierno es de centro-derecha, con reivindicaciones sociales para unir y utilizar a las masas, profundizando, así, las divisiones de la sociedad”. Y añade que el presidente practica “una receta de clases altas que hacen buenos negocios con el Estado, clases medias entusiasmadas por un inmenso consumismo sostenido por las inversiones estatales, y clases bajas que se acostumbran al régimen de subsidios”. Como subraya el peruano Manrique, “algunos llaman al modelo clientelista porque la Administración ha pasado de 16.000 a 90.000 empleados, incluido un Gabinete de 40 ministros”. Pero también hay “escuelas rurales que no tenían cristales ni puertas, dotadas hoy de ordenadores, y donde las comidas, los útiles escolares y los uniformes del alumnado son gratuitos”. Pese a ello, Luis Eduardo Vivanco no cree ni por asomo que haya socialismo en el país: “Los socialistas clásicos lo niegan, el indígena lo rechaza, los sindicatos lo desmienten, y los ambientalistas ponen el grito en el cielo”. El politólogo Verdesoto cree que Correa se enfrenta al “reto de crear la versión ecuatoriana del antiguo PRI mexicano, tecnocrático, corrupto y despótico” así como “una sociedad estandardizada, homogénea, que conforme mayorías electorales –y en palabras de un exfuncionario- abocada al consumo de una redistribución manejada desde arriba”. Pero donde estén los textos legales huelga la discusión. Nila Velázquez, del diario El Universo de Guayaquil, recuerda que la Constitución es explícita: “El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria y las demás que la Constitución determine”. De todo hay en botica.
Correa ha tratado de reforzar su imagen de izquierda radical ante el mundo concediendo asilo político a Julian Assange, el creador de Wikileaks, que este mes cumple un año de reclusión en la embajada ecuatoriana en Londres, de donde no puede salir por el peligro de ser extraditado a EE UU, que le acusa de divulgación a través de su red digital de secretos de estado. Y a fin de este mes parece dispuesto a reeditar la operación otorgando asimismo asilo, aunque esta vez en la seguridad de la capital quiteña, a Edward Snowden, un ciudadano norteamericano que le ha hecho el peor favor imaginable al presidente Obama divulgando, siempre por el espacio digital, la vastísima operación de espionaje a amigos y enemigos que tiene montada la CIA con la disciplinada colaboración de los primos británicos.

Los medios y el presidente

Corea ha prometido repetidas veces que en 2016 se retirará a Bélgica con su señora, que es belga. Pero casi nadie le cree. Pachano vincula la decisión presidencial a cómo se desarrolle su tercer mandato, porque el proceso transformador del país “depende de su liderazgo. La gran duda es lo que vendrá después, lo que quedará y lo que será desmontado”. Burbano coincide en que habrá o no un cuarto Correa, si Alianza País es capaz de “encontrar un líder que pueda renovar sus horizontes políticos, de institucionalizarse y procesar las diferencias en su interior”. Pero intuye que “el Gobierno reconoce los límites de su modelo basado en el gasto estatal, de ahí que deba abrirse al mercado internacional para generar inversión privada y mayor crecimiento". Y cabe preguntarse si esa apertura necesaria, notablemente a Europa y China, puede influir en su hostigamiento a los medios. Mauro Cerbino, director de la revista Íconos, es poco caritativo con la prensa ecuatoriana que califica de “mediocre, ligada a la propiedad y preferencias particulares de familias, que han pretendido ejercer el periodismo ocupando cargos de dirección en un claro conflicto de intereses, más la constatación de que se ha maltratado a los trabajadores, quienes, además de padecer otras precariedades laborales y económicas, no han podido ejercer el derecho a la cláusula de conciencia”. Por todo ello, dice Cerbino, hay que “crear las condiciones para tener medios públicos plurales que sepan resistir la acción de los Gobiernos, cuya consolidación aportaría una mayor competencia de perspectivas en beneficio de la ciudadanía”. Y la gran preocupación de Correa se centra precisamente, como señala el director Bonilla, en que “los medios de comunicación privados de alcance nacional, ante la catástrofe de los partidos, son los únicos actores capaces de generar oposición y el presidente siempre los ha connotado como agentes políticos, antes que como medios de comunicación”. Luis Verdesoto piensa que Correa decidirá sobre la marcha si opta a un cuarto mandato, y da por seguro que “sostendrá la guerra contra los medios mientras le sea útil; esto es, hasta que consiga una franja mayor de medios públicos y un grupo de medios adheridos entre los comunitarios”. Manrique recuerda que ha llegado a demandar “a dibujantes por caricaturas que no le han gustado o a tuiteros por faltarle al respeto, mientras que él mismo se ha revelado como un virtuoso del insulto y el agravio personal”.
Rubén Darío Buitrón sostiene, diferentemente, que sí que puede haber recambio en el correísmo: “Si en algo ha trabajado la Alianza es en la formación de cuadros. La presidenta de la Asamblea es Gabriela Rivadeneira, de 29 años, y más de un tercio de los legisladores del movimiento, y unos cuantos ministros, no llegan a 35 años. Hay voluntad de entregar el relevo a una nueva generación. Si logra acabar con los últimos obstáculos que levanta la derecha y la izquierda radical, Correa dejará camino libre para quien lo reemplace”. Pero cautamente añade: “o para él mismo”.
La nueva Ley de Comunicación está aparentemente diseñada para el micro-control de los medios con una Superintendencia de Información, en la que los profesionales dan masivamente por descontado que habrá una confortable mayoría oficialista con graves poderes sancionadores, y la exótica figura del linchamiento mediático; como si la injuria, calumnia, mentira y dolo no estuvieran ya tipificados en cualquier ordenamiento jurídico democrático. Finalmente, la investigadora sin nombre redondea el juicio de personaje y obra: “Posee la capacidad de adaptar su lenguaje al público sea académico, profesional o popular; aplica motes a los adversarios o descalifica movimientos sociales o dirigentes de otros medios. Más que un Estado de ciudadanos lo que busca es una ciudadanía estatizada”. Y por ello está persuadida “de que Correa no dejará el poder”.

Los diputados brasileños ceden a la presión de la calle

Los legisladores votan mayoritariamente contra la ley que limitaba las investigaciones de los fiscales

 



Protestas en Río de Janeiro, el lunes / YASUYOSHI CHIBA (AFP)

 
Otro golazo de la calle. En la noche del martes se produjo un resultado en la Cámara de Diputados de Brasil que habría sido impensable sin las protestas que comenzaron el 6 de junio. La propuesta que en las manifestaciones se asociaba con la impunidad ante la corrupción; el proyecto que limitaba los poderes de investigación del Ministerio Público; la famosa PEC-37 (Propuesta de Enmienda Constitucional 37); la misma que en junio de 2011 consiguió el respaldo de 207 diputados; la que fue aprobada seis meses después por la Comisión de Constitución y Justicia y en noviembre de 2012 por la comisión especial que la analizó; la norma que sólo esperaba el aldabonazo de una Cámara controlada en un 80% por el Partido de los Trabajadores y sus aliados… Esa propuesta fue rechazada anoche por 430 votos en contra, 9 a favor y 2 abstenciones.
El proyecto pretendía limitar la capacidad de investigación de los fiscales y potenciar las atribuciones de la policía. Los detractores de la propuesta afirmaban que con si se hubiera aprobado esa ley en el futuro jamás se habría avanzado en las investigación de casos como el mensalão, un escándalo de sobornos parlamentarios y financiación ilegal de campañas ocurrido durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
Con cada voto en contra, la zona de la Cámara habilitada para invitados, tomada por activistas, estallaba en ovaciones hacia el diputado que rechazaba el proyecto. Después de casi tres semanas de movilizaciones, el viento de la calle irrumpió en el Congreso. Véase si no, las palabras con las que presidente de la Cámara, el conservador Henrique Eduardo Alves, del PMDB, se dirigió a los diputados: “Tengo el deber y la sensibilidad de decirle a esta casa que todo Brasil acompaña la votación de esta materia esta noche en el plenario. Y por eso, tengo el deber y la sensibilidad de declarar, perdonen la osadía, que sería un gesto importante, por unanimidad, derrotar esa PEC”.
Tras rechazar la PEC-37, la Cámara abordó a la una de la madrugada una propuesta que la presidenta Dilma Rousseff impulsó en mayo y trajo a colación el pasado viernes a raíz de las protestas. El proyecto original consistía en destinar el 100% de los recursos del Estado al sector de la educación. Finalmente, la Cámara decidió destinar el 75% a educación y el 25% a sanidad. Ahora, la propuesta deberá ser refrendada también en el Senado.
Desde que Dilma Rousseff tendió la mano a los manifestantes el pasado viernes y asumió que la política necesitaba “el oxígeno” de la calle, unos titulares suceden a otros en la prensa a ritmo frenético. Primero se derogó la subida de los 20 céntimos, después el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, suspendió por un año la subida del 6% prevista para el 1 de julio en los peajes de las autopistas, la presidenta anunció su propuesta de cinco pactos nacionales y la Cámara rechazó ayer la ley que más se asociaba con la impunidad y la corrupción. La clase política entendió que no se trataba sólo de 20 céntimos.

Rousseff someterá la reforma política a referéndum antes de octubre

El objetivo es que las medidas entren en vigor para las elecciones presidenciales de 2014

 

Manifestante en Río de Janeiro, Brasil / Marcelo Sayão (EFE)
 
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, avanza en su proyecto de impulsar una gran reforma política en el país. El lunes anunció que esa reforma se haría a través de un “proceso constituyente”. Y las críticas le cayeron en tromba desde la oposición y también desde el poder Judicial, que no veían la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente con poderes ilimitados para reformar la constitución de 1988. Finalmente, después de varias idas y venidas, aclaraciones y desmentidos, Rousseff alcanzó un acuerdo con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para convocar un plebiscito cuyas preguntas concretas serán definidas en los próximos días.
La propuesta de reforma constitucional que anunció el lunes la presidenta no había convencido ni a la oposición ni a destacados miembros del poder jurídico. Y a la calle la dejó indiferente. Su objetivo era emprender una gran reforma política con el respaldo del voto popular. Pero el rechazo entre los partidos opositores fue tan unánime que el Gobierno comenzó a barajar otras opciones.
El presidente de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Marcus Vinícius Coelho, acudió el martes al palacio presidencial de Planalto con la propuesta de modificar la Ley de Elecciones y la de Partidos Políticos sin alterar la Constitución. Su proyecto contemplaba consultar al pueblo mediante un referéndum acerca de las medidas concretas de la reforma, sin necesidad de convocar una Asamblea Constituyente.
Vinícius Coelho salió de su encuentro con Rousseff declarando que había convencido a la presidenta. Sin embargo, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, matizó sus declaraciones advirtiendo que se trataba de una propuesta “interesante”, pero sólo una más que se estudiaría junto a otras sugerencias. Al cabo de varias horas, el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, admitió que se impulsaría un plebiscito, sin convocar a la Asamblea Constituyente.
“No hay tiempo hábil para realizar una Constituyente", y la "Cámara de Diputados se manifestó en contra", por lo que "la única convergencia posible es el plebiscito", señaló Mercadante en declaraciones recogidas por la agencia Efe. La razón de tanta premura es Rousseff quiere que la reforma política entre en vigor antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en octubre del 2014. La ley exige que las medidas se aprueben un año antes.
En los próximos días el Gobierno tendrá que negociar con los líderes de la oposición el contenido de las preguntas. El camino que queda por delante no es nada fácil. Pero es mucho más sencillo de transitar que si se hubiera pretendido convocar una Asamblea Constituyente.
Luís Roberto Barroso, un juez que se acaba de incorporar esta semana al Tribunal Supremo, ya se pronunció en 2011 en contra de esa opción como medio para emprender una reforma política. “No es posible, la teoría constitucional no conseguiría explicar una Constituyente parcial”, indicó entonces Barroso. “La idea del Poder Constituyente es de un poder soberano, un poder que no debe su fundamento de legitimidad a ningún poder que no sea la propia soberanía popular que lo impulsó. De modo que nadie puede convocar un Poder Constituyente para establecer previamente cuál es la agenda de ese Poder Constituyente. El Poder Constituyente no tiene la agenda prefijada”.
Varios dirigentes opositores también calificaron la propuesta de innecesaria, al entender que se puede reformar el sistema político con una simple enmienda constitucional. Para la oposición, Rousseff sólo trata de desviar la presión de la calle hacia el Congreso –la institución que debería aprobar la convocatoria de la Constituyente-- mientras elude adoptar medidas concretas que sólo dependen de ella y no del Congreso.
El senador opositor Aécio Neves declaró que la presidenta sólo intenta desviar la atención y “transferir a terceros sus propias responsabilidades (…) Olvidó que su partido gobierna el país desde hace más de diez años. No se termina de entender cómo este Gobierno, que controla el 80% de las cámaras, todavía no ha impulsado el debate y aprobado una reforma”, añadió. Neves, posible candidato presidencial del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centro derecha, recomendó a la presidenta reducir a la mitad el número de ministerios y los “más de 22.000 cargos comisionados, de los cuales 4.000 están ligados directamente a la presidencia”.
El expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), también del PSDB, señaló que las reformas políticas mediante plebiscitos son propias de “regímenes autoritarios”. El exgobernador de São Paulo, José Serra, del PSDB, calificó la propuesta de absurda, fuera de la realidad y sin pies ni cabeza. “Primero se tiene que aprobar una ley en el Congreso. Si se aprueba, hay que fijar la fecha para que el pueblo vote. ¿Cuánto se tarda en eso? ¿Seis meses? Después es necesario elegir a los miembros de la Constituyente. ¿Y toda esa confusión se produciría en pleno año electoral –las presidenciales se celebrarán en octubre de 2014—porque ella oyó hablar de reforma política?”, preguntó.
En el campo de la justicia el recibimiento tampoco fue mucho más esperanzador para Rousseff. El mismo día que recibió al presidente del Supremo, Joaquim Barbosa, para exponerle su proyecto, las críticas también arreciaron desde el ámbito jurídico. Marco Aurélio Mello, uno de los diez integrantes del Supremo, declaró abiertamente que el país “no necesita nuevas leyes, sino hombres públicos que cumplan la Constitución”.
Y mientras tanto, las manifestaciones no cesan. Son mucho menos multitudinarias –2.000 personas en Río de Janeiro el pasado lunes-, pero continúan gestándose en las redes sociales.